ARGENTINA: puertas abiertas para los represores

SOCIEDAD › EL AUMENTO DE LAS PRISIONES DOMICILIARIAS DESDE EL CAMBIO DE GOBIERNO
 

Puertas abiertas a los represores

Los argumentos son disimulados y van desde el costo de tener a un anciano preso a una evidente flexibilidad ante las razones de salud. Nombres simbólicos del terrorismo de Estado de vuelta en su casa.
 Por Alejandra Dandan
El poder judicial recibió de parte del gobierno una invitación para abrir las puertas de las cárceles flexibilizando las condiciones para lograr la detención domiciliaria. Según un juez federal y un fiscal federal –uno de la Ciudad de Buenos Aires y otro de Córdoba– el secretario de Justicia Santiago Otamendi mantuvo reuniones en distintas jurisdicciones para explicar lo que seria parte de una nueva política criminal. El énfasis del argumento que recuerda uno de los testigos no fue la defensa de los derechos individuales o humanos de los detenidos y detenidas. Otamendi les habló de gastos y de costos: un preso, dijo, le cuesta al Estado cincuenta mil pesos al mes y una pulsera electrónica seis mil.
Un sector de la población carcelaria del país son los detenidos por crímenes de lesa humanidad, la mayor parte con más de setenta años de edad. Con alguna excepción, son los únicos detenidos de esa edad en cárceles con una población promedio de 21 a 34 años. En ese sentido, la invitación del Ejecutivo podría ser leída como dirigida a ese sector, sobre todo al tener en cuenta antecedentes como las polémicas declaraciones del secretario de derechos humanos Claudio Avruj en marzo. En una entrevista con La Nación dijo estar de acuerdo con la reubicación de detenidos de más de setenta años en sus casas. El secretario no mencionó los casos de lesa humanidad, pero en este escenario la idea los beneficia prácticamente a ellos solos.

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